Sanción de la Corrupción

Sanción de la Corrupción





















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Observatorio de Transparencia y Anticorrupción - Indicadores Sanciones

Entre los años 2008 y 2018, se identificó 3.902 sanciones penales vinculadas a delitos asociados con corrupción:  el 87.1% está relacionado con Delitos contra la Administración Pública, seguido por 11.2% que corresponde a Delitos contra el Orden Económico y Social y un restante 1.7% de Delitos contra los Mecanismos de Participación Ciudadana. 

Se han detectado 22.962 sanciones disciplinarias entre 2008 y 2017, con un promedio anual de 2292 sanciones disciplinarias. De esta cifra, el 48.5% de las sanciones fueron graves, 38.7% gravísimas y 12.4% leves. Las sanciones disciplinarias clasificadas como tipo grave y gravísima tienen una tendencia creciente en el periodo 2013 al 2017. Asimismo, se ha determinado que Bogotá (19.7% - 4290), Antioquia (12.2% - 2649), Valle del Cauca (7.9% - 1727), Santander (5.6% - 1220) y Cundinamarca (4.7% - 1031) son los cinco territorios en los que más se han impuesto sanciones disciplinarias.












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Observatorio de Transparencia y Anticorrupción - Denuncias Corrupción

Entre 2014 y 2018, la ST ha recibido un total de 11.960 denuncias por casos de corrupción. De estas, el 56% han sido presentadas por ciudadanos, el 25% por el sector privado (entendiendo por esto Gremios y/o Empresas), el 11% por la Sociedad Civil Organizada y el 8% por el Gobierno Nacional. Asimismo, de las denuncias recibidas en el periodo de análisis, 7.240 se relacionan con procesos contractuales.

La mayoría de denuncias de corrupción se presentan en el sector denominado “Función Pública” con el 28.4%, seguido se encuentran las denuncias en el sector educación con el 10.4%, infraestructura vial con el 8.9% y sector inclusión social y reconciliación con el 6.9%.  

Las 5 primeras entidades territoriales con más denuncias de corrupción son Bogotá, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Antioquia con participaciones generales de 8.9%, 8.8%, 8.6%, 7.4% y 6.2%, respectivamente. Los departamentos con menos denuncias de corrupción son Guaviare, Guainía, San Andrés, Quindio y Vaupes.
















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Observatorio de Transparencia y Anticorrupción - Sistema Anticorrupción

En 10 sanciones aplicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio desde 2017, por un monto de 64 mil millones de pesos, se involucran 103 personas entre naturales y jurídicas. 

Luego de las sanciones por la SIC estas personas al seguir contratando con el Estado reportan contratos por 130 mil millones de pesos, lo que da un tiempo de recuperación del dinero de la multa de un año.

De los contratos que han tenido las entidades sancionadas, la Contraloría solo le ha hecho seguimiento a contratos por 64 mil millones dentro de sus planes de auditoría después de impuestas las multas.

Desde el año 2006, de las personas condenadas por delitos asociados a corrupción, 69 volvieron a contratar con el Estado por la suma de 3.098 millones de pesos.

De estas personas, algunas condenadas por peculado, han vuelto a contratar hasta 24 veces con los municipios en donde realizaron el ilícito.

De acuerdo con la información del INPEC, a mayo de 2019, hay un total de 4.417 personas condenadas por delitos asociados contra el orden económico social, delitos contra la administración pública y delitos contra mecanismos de participación democrática. De estos, hay 2.178 internos en establecimiento de reclusión, con una participación del 49,3%, mientras que 2.239 condenados gozan del beneficio de casa por cárcel, representando el 50,7%.

El peculado por apropiación, con 748 condenados (33%), es el delito con mayor cantidad de condenados que gozan del beneficio de casa por cárcel.
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Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ)

En 2018 cada día se abrieron 31 procesos por presunta corrupción. Además, el año pasado, de las investigaciones que concluyeron hubo condena solo en 599 casos. Solo el 8 % de las investigaciones por delitos de corrupción que se cerraron en 2018 en el país fueron resueltas con condenas contra los responsables.

De los casos que concluyeron con una decisión judicial durante el 2018, en 599 hubo condenas y en 113, absoluciones.