Es el grupo interno de la Secretaría de Transparencia que, de acuerdo con el artículo 13 del Decreto 1784 de 2019, la resolución 0965 de 2019 y el artículo 72 de la ley 1474 de 2011, realiza el análisis, identifica posibles irregularidades y caracteriza los posibles riesgos de corrupción dependiendo de la naturaleza de la responsabilidad y la gravedad de los hechos, para denunciar directamente o dar traslado a los entes de control y a la Fiscalía General de la Nación de presuntos delitos contra la administración pública, contra el orden económico y social, o contra el patrimonio económico, así como de posibles infracciones disciplinarias o detrimento patrimonial que sean puestas en su conocimiento directamente por veedores ciudadanos y la ciudadanía en general, así como por los funcionarios públicos.
Como consecuencia de los análisis que lleve a cabo el equipo interdisciplinario del GRAP y de la recolección de información pública de diferentes fuentes públicas de información, se priorizarán los casos, que son aquellos que, por sus elementos se clasifican así por el grado o nivel de afectación con consecuencias o potenciales consecuencias graves, en aplicación de los tres criterios para tal fin: A) Criterio subjetivo; B) Criterio objetivo y C) Criterio complementario. (Procedimiento M-AE-04).
Priorizar los casos permite clasificar e identificar los casos con mayor sustento documental, así como la gravedad de los hechos para fortalecer y enfocar esfuerzos institucionales para la elaboración de un plan de trabajo, permitiendo un monitoreo y verificación de resultados.
Para el ejercicio de sus funciones el GRAP fomenta y contribuye en la coordinación interinstitucional de las diferentes ramas del poder público y órganos de control del nivel nacional y territorial, para la ejecución de acciones, políticas públicas y el fomento de la cultura de la denuncia para luchar contra la corrupción, con herramientas como la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción RITA.
