Los Programas de Transparencia y Ética Pública, regulados por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, buscan que las entidades cuenten con mejores instrumentos para prevenir la corrupción, a través de cuatro acciones estratégicas:
Gestión de los riesgos para la integridad pública: mejorar las capacidades de las entidades para identificar, valorar y mitigar el riesgo que conductas como la corrupción, en sus diferentes modalidades, representa para el ejercicio íntegro del servicio público. Además, a través de esta acción se incorpora la gestión de los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP) en la gestión pública.
Redes y articulación: fortalecer las capacidades de articulación interna (intrainstitucional) y externa (interinstitucional) para lograr un mejor aprovechamiento de los datos y la información en la prevención de actos de corrupción, e incorporar buenas prácticas de gobierno corporativa para desarrollar una gobernanza transparente de las entidades públicas.
Desarrollo del modelo de Estado Abierto: a través de los principios del Estado Abierto, se busca que las entidades logren un cumplimiento de las normas con propósito, para así: (a) lograr un verdadero acceso a la información pública; (b) fortalecer la cultura de la legalidad y la integridad pública; (c) promover escenarios de diálogo y corresponsabilidad para lograr un control social eficiente, una rendición de cuentas efectiva y una participación ciudadana incidente.
Iniciativas adicionales: esta acción permite a las entidades diseñar e implementar instrumentos innovadores en la lucha contra la Corrupción. Algunos ejemplos de iniciativas adicionales que se pueden proponer son: acciones focalizadas para romper el vínculo entre corrupción y narcotráfico; corrupción y delitos ambientales; corrupción y recursos de la paz. Además, llevar la prevención de la corrupción a escenarios como la racionalización de trámites y el relacionamiento Estado – ciudadanías.
Estás cuatro acciones conforman la Estrategia Institucional de lucha contra la Corrupción, con la que deben contar todas las entidades públicas obligadas, en los términos de la ley.
3. Consulta pública de Proyectos de Modificación del Anexo Técnico Actualmente, no se tramitan modificaciones al Anexo Técnico.
