Alertas y solicitudes para prevenir corrupción en el Gobierno del presidente Gustavo Petro

Bogotá, 24 de enero de 2024. (@STransparencia @Aidarragaf). El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, ha emitido alertas tempranas al Ministerio de Minas y al Ministerio de Transporte, así como una solicitud de información a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de analizar si existen vínculos de funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el caso "Marionetas II”.​

La acción se fundamenta en las  acultades conferidas por el decreto 2647 de ​2022, la Constitución Política (artículo 23), la ley 1755 de 2015 (artículo 13), y la ley 2195 de 2022 (artículo 33). La preocupación surge a raíz de hechos conocidos públicamente a través de entes de control y medios de comunicación, que sugieren la existencia de un entramado de corrupción vinculado al redireccionamiento de contratos, presuntamente iniciado durante el gobierno del expresidente Iván Duque y el cual, según las fuentes podría persiste en la administración actual.

En un primer paso, la Secretaría de Transparencia envió alertas tempranas al Ministerio de Minas y al Ministerio de Transporte, instándoles a analizar minuciosamente la posible presencia de funcionarios involucrados en el caso "Marionetas II" dentro de sus respectivas jurisdicciones. Este proceso se ejecuta en concordancia con el deber de debida diligencia y la facultad de interoperar sistemas de información gubernamental para generar alertas tempranas de

corrupción, establecida en el artículo 26 del decreto 2647 de 2022.

Simultáneamente, se elevó una solicitud de información a la Fiscalía General de la Nación. La solicitud busca obtener detalles sobre el estado de la investigación en el caso "Marionetas II" en relación con los siguientes funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro: Carlos Javier Méndez Suárez, Tatiana Medrano López y Juan Mauricio Montealegre Guzmán. La petición se realiza conforme al artículo 33 de la Ley 2195 de 2022, sin vulnerar la reserva de la actuación penal, respaldada por el interés general y el deber de debida diligencia.

En este contexto, se destaca la gravedad de la denuncia y se solicita a las entidades correspondientes adoptar las medidas pertinentes para evitar afectaciones en el desarrollo de las labores misionales por posibles situaciones de corrupción. La Secretaría de Transparencia agradece la disposición y colaboración  en la lucha contra la corrupción por parte de todas las entidades involucradas y reitera su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha