La Secretaría de Transparencia alerta sobre presuntas irregularidades en el proyecto Accesos
Norte a Bogotá – Unidad Funcional 3 (UF3)
Bogotá, 27 de agosto de 2025 (@STransparencia)
- El secretario de transparencia, Andrés Idárraga Franco, alertó sobre posibles irregularidades en el contrato de concesión de iniciativa privada sin recursos públicos, para el corredor Accesos Norte, particularmente en la Unidad Funcional 3 (UF3).
- Las conclusiones preliminares advierten posibles afectaciones al patrimonio público y conductas que podrían tener relevancia penal.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República presentó hoy los avances de su análisis preliminar sobre el contrato de concesión bajo el esquema de APP de iniciativa privada sin recursos públicos para la Unidad Funcional 3 del corredor “Accesos Norte a la Ciudad de Bogotá”.
El estudio reveló indicios de un entramado de presuntas irregularidades administrativas y contractuales en torno a la Unidad Funcional 3 (Variante de Chía- Carretera de Los Andes), que podrían configurar un detrimento patrimonial para el municipio de Chía. Entre los hallazgos, el funcionario destacó:
- La aprobación presuntamente anómala del Acuerdo 100 de 2016 (RE-POT de Chía), de lo cual se derivó un posible fenómeno de volteo de tierras.
- Una posible nulidad absoluta del Convenio Interadministrativo 019 de 2017, entre el municipio de Chía y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), pues se habría hecho la entrega gratuita de terrenos públicos destinados a vías locales, para la construcción y aprovechamiento económico de una vía nacional, dentro de una Alianza Público-Privada sin aportes de recursos públicos.
En el marco de la rueda de prensa, el Secretario de Transparencia señaló que:
“Este análisis busca revelar, con rigor y objetividad, las posibles irregularidades que rodean el proyecto Accesos Norte. El país puede tener la certeza de que avanzaremos en la búsqueda de solución que cumpla con la ley, en aspectos ambientales, económicos y sociales, en beneficio de la ciudadanía, especialmente de los habitantes de Chía y su alrededores, mientras la justicia establece si existen responsabilidades disciplinarias y penales”.
