- Proyecto de Ley Anticorrupción incluye dos nuevas herramientas para blindar el PAE, anunció.
- En medio de la pandemia por COVID-19 el Programa de Alimentación Escolar avanza buscando una ejecución transparente en los recursos públicos.
Bogotá, D.C., 20 de noviembre de 2020 (@ViceColombia - @STransparencia). En una charla con los servidores públicos del Ministerio de Educación sobre la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, RITA, la Vicepresidente Marta Lucía Ramírez reveló las medidas implementadas por el Gobierno para proteger la ejecución de recursos destinada al Programa de Alimentación Escolar, PAE.
La funcionaria destacó que, aún en medio de la pandemia por COVID-19, el Gobierno ha logrado cumplir con el Programa y continúa haciendo mejoras para obtener indicadores de calidad y de transparencia en la ejecución de los recursos públicos.
“Una buena nutrición es sinónimo de una mejor capacidad de asimilar el conocimiento, y una buena nutrición también está relacionada con la permanencia de los niños en el colegio y que a esa nutrición, se le están asignando cada vez más recursos, pues resulta fundamental este trabajo para proteger cada centavo que vaya dirigido al Programa de Alimentación Escolar", destacó.
De otro lado, anunció que, para reforzar los mecanismos de transparencia en el PAE, se incluyeron 2 nuevas medidas en el proyecto de Ley Anticorrupción, radicado por este Gobierno en el Congreso, que son inhabilidad por 10 años a quienes incumplan los contratos relacionados con el Programa y facultades extraordinarias en contratación pública para las entidades que ejecuten recursos del PAE.
"Cuando se impone alguna sanción, hay mayores tiempos de inhabilidad por la imposición de estas sanciones, precisamente cuando se trate de algún incumplimiento o mora contractual en los programas de alimentación escolar. Y otra cosa muy importante también es que, se incorporaron facultades excepcionales (al artículo 14 de la Ley 80 de 1993), para la interpretación y modificación unilateral de sometimiento a las leyes nacionales o de caducidad en los contratos cuando aparezca cualquier tipo de deficiencia en el cumplimiento de los contratos de alimentación escolar", explicó.
De igual forma, la alta funcionaria condenó los actos de corrupción detectados por los entes de control y enfatizó en que las alertas tempranas emitidas han logrado blindar y proteger estos recursos.
"Durante la pandemia tuvimos 30 alertas por sobrecostos que se presentaron en este programa de alimentación escolar por $34.856 millones y por esto se abrieron las investigaciones por parte del Contralor y la Fiscalía, abrió cuatro indagaciones preliminares. A los corruptos se les acabó la fiesta, tienen un Gobierno coordinado con los organismos de control porque vamos a cuidar entre todos los recursos de la alimentación de nuestros niños", afirmó.
La Vicepresidente también destacó la importancia de la normatividad expedida por este gobierno para blindar al PAE, como la Ley 2042 del 27 de julio de 2020, que otorga herramientas para que los padres de familia y cuidadores realicen un acompañamiento efectivo a los recursos del PAE en las Instituciones Educativas Oficiales de cada ente territorial.
Finalmente, mencionó el Decreto 218 de 2020 con el cual se creó la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, que también es una herramienta para fundamental para que los recursos públicos estén bien invertidos.
