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Fuente: www.laetica.com
23/02/2015 18:00

Detrimento patrimonial contra el Estado podría llegar a 10 billones al año

23 de febrero de 2015

Según estimativos de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, con el Sistema Integral de Auditoría de la Auditoría General de la Nación, la Contraloría General de la República lleva procesos de responsabilidad fiscal por algo más de 10 billones de pesos de presunto detrimento contra el Estado.

En entrevista para laetica.com, Camilo Alberto Enciso Vanegas, actual secretario de la oficina de la Transparencia, dijo que existe una clara preocupación por parte del gobierno por el tema de la corrupción y que es probable que los ciudadanos tengan una opinión pesimista. Sin embargo, comentó que de acuerdo con las cifras del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, en los últimos 6 años se han presentado más de 3.500 sanciones penales por delitos contra la administración pública. Eso nos da un promedio de 583 sanciones al año. Súmele que el tiempo promedio en prisión es de 85 meses y la sanción pecuniaria es, en promedio, de 180 millones de pesos.

Para Transparencia Internacional la corrupción se define como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados y se aprecia en un mal uso del poder, un poder encomendado en el sector público o privado y un beneficio privado que no solo puede ser personal sino que puede incluir a varias personas.

Según el Indice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, en 2014, Colombia se ubicó en el puesto 97 entre 175 países y territorios.

Laetica.com (LE) -¿De dónde nace la necesidad de crear una oficina de Transparencia en la Presidencia de la República?

Camilo Enciso (CE) Nace de la necesidad de luchar contra la corrupción y promover la transparencia no sólo desde las sanciones --que son acciones propias de los órganos de control y de la rama judicial--, sino también desde herramientas y dispositivos de política pública que van desde manuales y sistemas de información, hasta decretos, leyes orgánicas y trabajos interinstitucionales que incentiven la transparencia y reduzcan los riesgos de corrupción. Una vez implementados, a estos dispositivos debemos hacerles seguimiento, promoción, evaluación y mejora. Todo esto está a cargo de la Secretaría según el Decreto 1649 de 2014 y algunas disposiciones dentro del Estatuto Anticorrupción.

LE ¿Se tiene calculado cuánto pierde al año el país por el tema de corrupción?

CE: Las posibilidades de generar ese cálculo están sobreestimadas. En la literatura académica, estudiosos del tema como Benjamin Olken de la Universidad de Harvard y Abhijit Banerjee del MIT, llaman la atención sobre este punto: la corrupción es ilícita y secreta, por lo que resulta muy difícil medir algo que, por definición, implica que los individuos involucrados hacen todo lo posible por ocultarlo. Adicionalmente, un abordaje objetivo implica una visión transaccional de la corrupción para que su medición sea precisa. Esto se traduce en determinar quién soborna a quién y por cuánto; o quién favorece a quién y con qué, etc. Pero, insisto, en que esto es difícil de cuantificar dado el interés de los implicados en no dejar rastro de dichos actos.

Sin embargo, desde la Secretaría de Transparencia hemos avanzado en algunas estimaciones como que, de acuerdo con el Sistema Integral de Auditoría de la Auditoría General de la Nación, la Contraloría General de la República lleva procesos de responsabilidad fiscal por algo más de 10 billones de pesos de presunto detrimento contra el Estado. Aun así, esta cifra debe examinarse con cuidado: ¿cuál es la probabilidad de que dichos procesos de responsabilidad fiscal de verdad impliquen detrimento? Una cosa es decir que el detrimento contra el Estado es de 5 billones de pesos y otra, que es de 2 billones. Nuestro juicio sobre el costo de la corrupción variaría.

LE ¿Cómo operarán con entes como Contraloría, Procuraduría y Fiscalía con las denuncias ciudadanas?

CE: En la última reunión de la Comisión Nacional de Moralización, que se dio el pasado 20 de enero, se decidió reactivar el Comando Anticorrupción, en donde la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía actúan de manera coordinada para intercambiar información sobre los casos que están investigando. La Secretaría de Transparencia articula este Comando, con el fin de gestionar sus actividades, que van desde reuniones y formalización de acuerdos, hasta viajes a los departamentos para mejorar la relación Nación-territorio y escuchar la ciudadanía.

SOBRE EL PROCESO DE PAZ

LE ¿Cómo se manejará el tema de Transparencia en el proceso de paz?

CE: En la última reunión de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, que también se dio el pasado 20 de enero, el Presidente Juan Manuel Santos se comprometió con la sociedad civil a que el tema de transparencia en la construcción de la paz será prioritario. Será un eje transversal para visibilizar la implementación de los acuerdos y ejercer control sobre las inversiones de recursos que la paz, sin duda, demandará en los territorios. Fue un compromiso claro desarrollar un dispositivo de vigilancia sobre la inversión de recursos para que tanto el Estado como el sector privado y los organismos de cooperación internacional tengan garantías de que esos dineros no se van a ir por el drenaje de la corrupción.

LE: Los ciudadanos se quejan de la falta de justicia con los corruptos. Si los condenan, pagan unos pocos años y después se van a disfrutar lo que se han hurtado. ¿Esto seguirá pasando en el país? ¿Qué hará el gobierno en esta materia?

CE: Es probable que los ciudadanos tengan esa opinión a partir de los grandes casos de los que tienen conocimiento por los medios. Pero yo le diría lo siguiente: de acuerdo con las cifras del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, en los últimos 6 años se han presentado más de 3.500 sanciones penales por delitos contra la administración pública. Eso nos da un promedio de 583 sanciones al año. Súmele que el tiempo promedio en prisión es de 85 meses y la sanción pecuniaria es, en promedio, de 180 millones de pesos.

Por otra parte, la Contraloría General de la República ha recuperado más de 167 mil millones de pesos en sus actuaciones. Así que la evidencia empírica nos dice que los corruptos no escapan a la justicia. Lo que pasa es que de los grandes casos de corrupción que salen en los medios, las personas procesadas acuden a dilaciones e interponen muchos recursos ante los órganos de control, interrumpiendo así la actuación del Estado y su debido proceso. Esto genera entonces, la percepción de que el corrupto no es sancionado.

LE ¿Cuál es el compromiso que quieren adquirir con las empresas privadas?

CE: El sector privado es corresponsable en el tema de lucha contra la corrupción. Mire usted que, en casos como el que denunciamos hace unas semanas, en donde la multinacional Petrotiger sobornó a funcionarios de Ecopetrol para obtener un contrato, la empresa privada ofrece, actúa como sobornador y se convierte en una fuerza que, digamos, canaliza la corrupción dado que el costo del soborno palidece frente al beneficio de contratar con el Estado.

Actualmente estamos promoviendo el proyecto Empresas Activas en Cumplimiento Anticorrupción, que fue lanzado el pasado 10 de febrero y que contó con la asistencia de alrededor de 100 empresas. La iniciativa es una plataforma para que la empresa privada registre formalmente el cumplimiento de prácticas de lucha contra la corrupción al interior de su organización. Fíjese, por ejemplo, que el sólo hecho de registrar reuniones y prohibir que se hagan por fuera sus oficinas sin actas asegura cierta transparencia. Otro ejemplo es poner límites a los regalos. Todos estos temas están siendo promovidos y las empresas que pasen la evaluación serán reconocidas públicamente. Adicionalmente, desde nuestro Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, estamos elaborando un indicador de transparencia en el sector privado para medir a las 20 empresas más grandes de Colombia en este aspecto.

LE ¿Qué problemas contra la ética han detectado que se ven más en Colombia?

CE: Para nosotros la ética es el núcleo del problema. La integridad es lo que debemos proteger y promover en la ciudadanía. El tema, además de cumplir la ley, se trata de consolidar una sociedad ética e integra. Por eso buscamos articulación con varios sectores de la sociedad, pues es un asunto que debemos incentivar desde todos los estadios posibles. Ya hemos adelantado el trabajo con el sector privado y el educativo, pero hacemos el llamado a otros como medios de comunicación o el sector salud.

LA GENTE ACTÚA HONESTAMENTE SI TIENE INCENTIVOS

LE ¿En dónde radica, según ustedes, el principal problema para originar actos de deshonestidad en Colombia?

CE - El principal problema es el que usted plantea: la falta de ética. Otro problema es que, no sólo en Colombia sino en el resto del mundo, la gente actúa honestamente si tiene incentivos para hacerlo. Dejar pasar asuntos aparentemente pequeños como el no pago de un pasaje en el transporte público o por un servicio en un establecimiento comercial genera una suerte de avales a la deshonestidad. Y aquí reitero el llamado a los medios de comunicación, pues son ellos los responsables de poner en la picota pública a los deshonestos y confrontarlos con el modelo de país que queremos, con los valores que queremos en nuestras familias y en nuestros círculos más amplios. Esto ayudaría mucho a que las personas piensen dos veces antes de ser deshonestos.

LE - ¿Cómo enfrentar el tema de la llamada “mermelada” de la cual se habla en el país?

CE. El Presidente Santos ya ha sido muy claro en el tema: la asignación de recursos de inversión en las regiones es un proceso transparente. Las entidades departamentales son corresponsables de este proceso, pues deben hacer efectivas las inversiones y mostrarle al país los resultados. Si nos ceñimos a la metáfora suscitada en los medios (“mermelada”), incluso el Sistema General de Participaciones lo es, porque este no es más que la proporción de los ingresos corrientes que se le entregan a las entidades territoriales para que cumplan con los fines estatales en lo local.

La manera de enfrentar la corrupción acá es que la ciudadanía se apropie del problema: que se asegure que existan inversiones en sus regiones, que le pidan cuentas a sus líderes y que elijan sabiamente a aquellos responsables de manejar los recursos públicos.

LE- ¿Se deben incrementar las veedurías ciudadanas para protección de los bienes de la Nación?

CE. Más que incrementarlas hay que cualificarlas, especializarlas. Creemos que las veedurías deberían hacerse técnicamente fuertes en áreas de la inversión pública. Por ejemplo, aquellas veedurías que hacen control sobre proyectos de agua potable y saneamiento no deberían ser las mismas que hacen vigilan la gestión en educación. Las veedurías técnicamente fuertes garantizarían más calidad en el control social y mejor gestión del Estado. El Plan de Desarrollo 2014–2018 contempla este punto.

Además le puedo contar que hace unos días lanzamos el proyecto de Red de Veedurías Universitarias, con el que esperamos avanzar en este propósito, pues la educación y la ciencia están en el corazón del proceso de construcción de buen gobierno y de la política pública responsable.

LE - ¿Qué se hará en el tema de los sobornos de las empresas para vender productos al Estado y de los sobornos de empleados públicos para exigir dádivas para ejercer sus funciones?

CE. Desde hace alrededor de 3 años estamos actuando en este tema. El Estatuto Anticorrupción, que incluye el soborno transnacional en sus artículos 30-32, amplía el castigo al delito e incluso el alcance para los cómplices del mismo. Además, estamos en el proceso de implementación de la Convención de la OCDE del soborno trasnacional, en donde los castigos y la cooperación de los operadores judiciales para castigar el delito, garantiza más efectividad en la imposición de penas. Miremos de nuevo el caso de Petrotiger: la Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos colaboran para castigar a los culpables y hacen público el caso.

LE - ¿El tema de corrupción y de sobornos en Colombia es un problema de educación, de justicia, de laxitud de los entes fiscalizadores o de globalización del problema?

CE. Como los demás delitos, creemos que es un tema de incentivos. Si la oportunidad y el lucro del delito se alinean de modo permanente, el soborno existirá, y eso lo hace un problema global. Por eso las Convenciones Internacionales como OEA, ONU y OCDE coordinan a los países para reducir riesgos de ese tipo de delitos a través de más trasparencia y cooperación para intercambiar información con el fin de que el delito sea castigado más fácilmente. Tanto la cultura de la integridad, como la educación, la justicia y el castigo, juegan un papel fundamental en minimizar los riesgos de corrupción e incrementar el costo de incurrir en el delito tanto con penas, como con inhabilidades para ejercer cargos o multas considerables.