Ley 2195 de 2022
La Ley 2195 de 2022 de Transparencia, Prevención y Lucha contra la corrupción es una sólida iniciativa legislativa construida por 25 entidades del Estado que aborda este delito de manera transversal y da herramientas a los ciudadanos para conocer en qué se invierten los recursos públicos, ejercer vigilancia y emitir alertas tempranas.
La Ley impulsada por la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia desde la Comisión Nacional de Moralización, contempla medidas contundentes para el cuidado de los recursos públicos, entre las que se destacan el fortalecimiento del régimen sancionatorio a las empresas por la comisión de actos de corrupción de parte de sus representantes o directivos y la agilización del trámite de extinción de dominio.
¿Qué es la Ley Transparencia, Prevención y lucha contra la Corrupción?
Es un articulado con el cual se busca robustecer las acciones de prevención, sanción y fortalecimiento institucional para la lucha contra la corrupción, elaborado por los miembros de la Comisión Nacional de Moralización y 25 entidades del Estado. La iniciativa fue liderada por el Presidente y la Vicepresidente de la República, en coordinación con la Secretaría de Transparencia.
¿Cuál es el objetivo de la Ley?
Implementar herramientas que contribuyan a la sanción y la prevención de los actos de corrupción, así como fomentar la cultura de la legalidad, la corresponsabilidad, la integridad y el buen manejo de los recursos públicos. A su vez, busca fortalecer la institucionalidad para tener más y mejores competencias para adelantarse o atacar el fenómeno de la corrupción.
¿Cómo nació la iniciativa?
La Vicepresidente de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, inició un trabajo de recopilación y estudio de proyectos de ley que fueron archivados, así como de recomendaciones internacionales y vacíos o falencias legales que impiden el desempeño pleno de las instituciones que luchan contra la corrupción. El resultado fue expuesto ante la Comisión Nacional de Moralización, y por instrucción del Presidente de la República, se conformaron mesas de trabajo para elaborar un proyecto de ley concertado, que reuniera las recomendaciones de las entidades del ejecutivo y los órganos de control.
¿Cuáles entidades participaron en su creación?
Participaron 25 entidades del Estado, con el fin de hacer un trabajo conjunto y coordinado. Cada entidad aportó la solución desde su competencia y conocimiento directo, sobre los temas que requieren una regulación urgente. El proyecto trae consigo nuevas herramientas que permitirán realizar mejores investigaciones.
Entre las entidades se encuentran: la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación Nacional. la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia de Salud, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Nacional de Contratación -Colombia Compra Eficiente-, la Unidad Nacional de Protección - UNP y la Auditoría General de la Nación. Asimismo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Consejo de Estado desempeñaron un papel significativo en la redacción del proyecto.
¿Cómo se elaboró el contenido?
Con base en la instrucción del Presidente de la República en la Comisión Nacional de Moralización, se realizaron seis (6) mesas de trabajo conjuntas con las entidades para revisar los textos propuestos y hacer las modificaciones pertinentes, a su vez, se sostuvieron tres (3) mesas focalizadas en temas específicos, así como múltiples reuniones con cada una de las entidades y varias revisiones escritas de los artículos.
El articulado se presentó ante el Consejo de Política Criminal que, desde su perspectiva y competencia, otorgó el aval y señaló algunas recomendaciones. Por último, se presentó el proyecto ante los miembros de la Comisión Nacional de Moralización, quienes dieron sus últimas impresiones y se propusieron otros temas que fortalecieron la misma.
¿Cuál es la estructura de la Ley?
La Ley tiene tres grandes pilares: prevención y pedagogía, sanción y fortalecimiento institucional, que se desarrollan en 11 capítulos temáticos y 69 artículos.
¿Cuáles son los capítulos de la Ley?
- Fortalecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción.
- De los sistemas de administración de bienes de la Fiscalía General de la Nación y extinción de dominio.
- Beneficiarios finales.
- Sistemas de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción.
- Pedagogía para la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción.
- Fortalecimiento administrativo para la lucha contra la corrupción.
- Modificaciones a la acción de repetición
- Disposiciones en materia contractual par la moralización y la transparencia
- Disposiciones en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción.
- Disposiciones en materia de responsabilidad fiscal.
- Otras disposiciones
¿Cómo contribuye esta Ley a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones?
Con esta Ley se busca fortalecer e implementar herramientas que permitan mayor sanción, prevención, fortalecimiento institucional y pedagogía, estableciendo un sistema que comprende programas de transparencia y ética empresarial de obligatorio cumplimiento para todos los sectores, los cuales contienen un fuerte componente de cultura de legalidad e integridad, mediante un enfoque de Estado Abierto.
También se permitirá el acceso al Registro Único de Beneficiarios Finales por parte de las autoridades que tienen competencia para investigar y sancionar. Se debe resaltar que este fue creado en la Ley 2155 de 2021, la cual acogió el consenso sobre la definición de Beneficiarios Finales de las mesas de trabajo del presente proyecto. Estas medidas permitirán que las entidades por medio de la obligación de debida diligencia contemplada en el proyecto, usen la información y puedan hacer trazabilidad de los flujos monetarios, conocer la posible evasión, luchar contra la corrupción y el lavado de activos.
Asimismo, esta Ley establece la posibilidad de que se resarzan los derechos de los ciudadanos que se ven afectados por los actos de corrupción.
Con ello, se promueve la prevención de los hechos de corrupción, la transparencia en las instituciones del Estado y se cierran espacios para cometer hechos ilícitos.
